El presidente de Ecuador Guillermo Lasso declaró el estado de emergencia en todo el país, en medio de un aumento significativo de la violencia, relacionada con el tráfico de drogas.
La medida anunciada el lunes 18 de octubre se produjo en poco antes de la visita al país del secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, quien respaldó la decisión en medio de su tour por Sudamérica.
“De inmediato, nuestras Fuerzas Armadas y policías se sentirán con fuerza en las calles porque estamos decretando el estado de emergencia en todo el territorio nacional”, anunció el mandatario en un discurso transmitido en cadena nacional.
El jefe de Estado aseguró que los delitos están directamente relacionados con el narcotráfico, al tiempo que señaló el papel cada vez mayor de la nación como consumidor de drogas y no solo como zona de tráfico.
El aumento de la criminalidad “no solo se refleja en la cantidad de drogas consumidas en nuestro país, sino en la cantidad de delitos que hoy tienen relación directa o indirecta con la venta de estupefacientes”, sostuvo.
En lo corrido de este año, Ecuador ya ha registrado alrededor de 1900 asesinatos, más de los 1400 reportados en todo 2020.
“Cuando el narcotráfico crece, aumentan también el sicariato, asesinatos, robos a domicilios y vehículos. Más del 70 % de muertes violentas en Guayas está relacionado con el tráfico de drogas (…) En las calles hay un solo enemigo: el narcotráfico”, explicó Lasso.
La medida, firmada en el decreto 224, permitirá el traslado de las Fuerzas Armadas a provincias donde los ciudadanos han sentido con mayor fuerza la criminalidad como Guayas, Manabí, Santa Elena, El Oro, Los Ríos, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha y Sucumbíos.
Los militares reforzarán las labores de la Policía Nacional en las calles. Las autoridades tendrán el poder de restringir la libertad de movimiento, reunión y asociación durante los dos meses de ejecución del estado de excepción.
Lasso también anunció la creación de la Unidad de Defensa Legal de la Fuerza Pública, con la que su Gobierno espera respaldar a los servidores que pudieran ser demandados tras la ejecución de las nuevas órdenes.
Asimismo, los uniformados inspeccionarán las 65 cárceles del país, luego de los fatídicos disturbios que captaron la atención internacional.
Los motines en las prisiones del país han dejado cerca de 240 personas muertas este año y según la fuerza pública, la violencia frecuentemente se debe a conflictos entre bandas de narcotraficantes rivales.
El pasado 28 de septiembre, una insurrección armada en una prisión en la ciudad suroccidental de Guayaquil, causó una de las masacres carcelarias más grandes de la historia de América Latina.
Miembros de grupos vinculados a los carteles mexicanos y colombianos hicieron un intento por tomar el control de la prisión: 119 personas murieron solo en ese enfrentamiento.
