Mariennys Rodríguez, 33 años, madre de una niña de diez, no celebró la última Nochevieja. Antes del primer día de 2020, su asesino la violó y descuartizó en Jarahueca, Sancti Spíritus, y después lanzó los restos mortales a un precipicio. Con la calma de los feminicidas, indicó que avisaran a la Policía y se entregó.
Trece días después, el cuerpo sin vida de otra mujer apareció en las ruinas de un antiguo cine en La Habana. Presuntamente, otro feminicida la lanzó desde el apartamento donde vivía.
En 2019, que sepamos, la vida también terminó para la habanera Alis Obregón Pérez, apuñalada por su exmarido, para la cienfueguera Lázara Herrera, apuñalada por su exmarido, para la granmense Dania Boza Almeida, apuñalada por su exmarido, y para la villaclareña Leydi Laura García Lugo, secuestrada y asesinada por motivos no aclarados por la Policía hasta hoy.
Todos los casos, que fueron denunciados por amigos y familiares de las víctimas en redes sociales, y fueron informados por los medios de comunicación independientes, se suman a otras decenas que jamás alcanzaron los titulares de los diarios y las revistas, y que la prensa oficial oculta para mantener el ideal del “mejor de los mundos posibles”.
En la Isla, incluso la directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), Mariela Castro Espín, ha negado la más letal de las formas de violencia de género: el feminicidio. La hija del general Raúl Castro declaró en 2015 al diario Tiempo Argentino que en la Isla no ocurrían femicidios. “Porque Cuba no es un país violento, y eso sí es un efecto de la revolución”, añadió.
Castro Espín no tuvo en cuenta la escasa información declarada por el Gobierno: en el año 2016, una mujer fue asesinada en Cuba cada semana a manos de su pareja o expareja. Los pocos datos oficiales que existen aseguran que en 2013 murieron aún más: un total de 66.
Sin embargo, el Cenesex insiste en que no hay feminicidios en la Isla.
El 21 de noviembre 40 mujeres cubanas, entre las que había periodistas, activistas, profesoras y artistas, entregaron a la Asamblea Nacional del Poder Popular una Solicitud de Ley Integral contra la Violencia de Género. Aparentemente el Parlamento, con una tradición irrevocable de obviar y menospreciar todas las propuestas de carácter popular, ya había decidido de antemano que no tendría en cuenta nada parecido a una norma contra la violencia machista.
Solo diez días después de presentar la solicitud al Parlamento, Castro Espín advirtió que las comisiones gubernamentales encargadas de redactar las nuevas leyes, tras la proclamación de una nueva Carta Magna, en abril de 2019, decidirían si se creaba una ley integral para la atención a la violencia contra la mujer o si el asunto se incluía en otras leyes.
Pocas semanas después, cuando la revista digital El Toque tuvo acceso al programa legislativo de la Asamblea hasta 2028, quedó claro que los diputados cubanos no considerarían una ley contra la violencia de género.
En un encuentro con cuatro de las solicitantes de la norma jurídica, la Oficina de Atención a la Población del máximo órgano legislativo cubano confirmó que la demanda no estaba contemplada en el Programa Legislativo del Parlamento.
"Si bien NO se clausuró la posibilidad de una LEY INTEGRAL, se confirmó que la misma no está considerada como parte del cronograma legislativo aprobado que, no obstante, se someterá a revisión continua", publicó en redes sociales la plataforma YoSíTeCreo en Cuba, surgida tras la demanda de la cantante Dianelys Alfonso, “La Diosa”, contra el músico José Luis Cortés, por presuntos abusos físicos y sexuales.
Tras la revelación, ¿se puede aceptar que el Gobierno aboga por la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, mientras se opone e a aprobar una ley contra la violencia de género? ¿Qué privilegia el Parlamento? ¿La imagen ideal de una Isla sin feminicidios o la seguridad y la vida de las mujeres?
Una ley contra la violencia de género no eliminaría, de un día al otro, los feminicidios en Cuba. Pero trazaría el camino para su erradicación: una vez que se publiquen las estadísticas sobre los casos, que los investigadores puedan acceder a los datos, que los activistas puedan llegar a los sitios más vulnerables, que el Gobierno ―si es que quiere―diseñe políticas, que el sistema de educación incluya la perspectiva de género, solo entonces, empezarían a morir los feminicidas, y no a las mujeres.
*Ilustración: Rafael Alejandro García
